La UIF congeló activos por financiamiento de armas de destrucción masiva
La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió congelar activos en la Argentina vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), en el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país. La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el presidente de la UIF, Paul Starc, y constituye un hecho sin antecedentes en la región.
La decisión se tomó a partir de información de inteligencia financiera recibida desde el exterior, que fue analizada y complementada con una investigación local realizada por la UIF. Este trabajo permitió reunir elementos suficientes para ordenar, de manera preventiva, el congelamiento administrativo de activos, mientras continúan las investigaciones sobre posibles nexos y vínculos con organizaciones delictivas internacionales.
Se trata de la primera vez que la UIF aplica una medida de este tipo desde que la Ley 27.739 incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en marzo de 2024. Esa ley dio herramientas concretas a la Argentina para actuar frente a este tipo de amenazas.
La normativa se apoya en compromisos asumidos por el país en el marco de las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se detectan riesgos para la paz y la seguridad internacionales. En esos casos, los Estados miembros están obligados a cumplir las resoluciones del Consejo, entre ellas las que ordenan medidas financieras para impedir que se sigan financiando actividades vinculadas a armas de destrucción masiva.
En la misma línea, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben aplicar sanciones financieras específicas, como el congelamiento inmediato de activos, para evitar que fondos o recursos lleguen a personas o entidades vinculadas con este tipo de financiamiento.
Con esta medida, la UIF dio un paso clave para fortalecer el sistema nacional de prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y se ubicó entre las pocas jurisdicciones del mundo que ya aplicaron este tipo de decisiones. Es, además, la primera vez que una medida de estas características se adopta en América Latina, reforzando el compromiso del país con los estándares internacionales y con la protección del sistema financiero frente a amenazas graves para la seguridad global.
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