La justicia concedió la apelación al Gobierno y el protocolo antiprotesta sigue vigente
El Ministerio de Seguridad de la Nación apeló la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución 943/23 —conocida como protocolo antipiquetes— dictada por un juez en el marco del amparo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintas organizaciones.
El Gobierno logró suspender el fallo hasta tanto resuelva la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En su presentación, el Estado nacional sostuvo que el fallo le causa un “gravamen irreparable” y cuestionó con dureza los argumentos del juez.
La apelación fue presentada por el director de Asuntos Judiciales del Ministerio, Marcelo Cippitelli, quien pidió que la sentencia sea revocada y dejó planteada la reserva del caso federal, con la mira puesta en una eventual intervención de la Corte Suprema.
Según el escrito, el fallo declaró la nulidad del protocolo “sin encontrarse acreditados los recaudos necesarios” y terminó privilegiando “a un sector ínfimo de la sociedad que efectúa protestas al margen de la ley” por sobre “el interés de toda la población”.
Críticas al uso del amparo
Uno de los principales ejes de la apelación es la improcedencia de la vía del amparo. El Ministerio sostuvo que se trata de un remedio “excepcional” y que en el caso no se verifican los requisitos constitucionales para su admisión.
“El amparo no se ha tornado en una vía procedimental ordinaria, perdiendo la excepcionalidad que la caracterizaba”, afirma el escrito, y remarca que no existió “un daño real y tangible” que habilitara la acción.
Además, el Estado señaló que la resolución impugnada “no impugna el derecho a la protesta frente al Estado, sino que regula la colisión de derechos entre particulares”.
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