El Gobierno desmanteló el servicio de calibración del INTI por decreto
El Gobierno oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI, un área estratégica que funcionó más de cuarenta años y que llevó al país a posicionarse entre los mejores de Latinoamérica en estándares de medición.
El Boletín Oficial presentó la medida como parte de una “modernización administrativa”, el mismo argumento que el oficialismo usa para justificar desmantelamientos y reformas regresivas, como la laboral. Pero el efecto concreto es otro; con este cierre, el Estado pierde una herramienta técnica central y sus funciones pasan al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.
La decisión debilita la capacidad pública de control en sectores sensibles y marca un retroceso para la ciencia, la industria y la calidad productiva del país.
Hasta ahora, el INTI coordinaba la red de laboratorios, supervisaba protocolos y garantizaba que cada certificado de calibración respondiera a parámetros homogéneos.
Con la eliminación del servicio, esa estructura se desarma y cada laboratorio queda obligado a reorganizarse, acreditarse ante el OAA y asumir costos adicionales en un sistema más fragmentado. Lo que la norma describe como simplificación se traduce en menos control directo del Estado sobre mediciones que afectan energía, salud, alimentos, transporte y procesos industriales sensibles.
La salida del INTI del sistema de calibración implica perder una capacidad estatal que llevó décadas construir. Durante casi cuarenta años, su coordinación pública sostuvo un piso común de calidad que daba tranquilidad a industrias y trabajadores.
Ahora esa estructura se reemplaza por un esquema más débil, con menos control y mayor dependencia de actores privados, que además deberán afrontar nuevos costos sin la misma regulación. En un país que necesita reglas claras y mediciones confiables para producir y exportar, este tipo de decisiones no mejora nada; desarma lo poco que todavía funciona.
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