Ordenan a los diputados que terminan mandato que devuelvan los despachos o no cobrarán su dieta
El Gobierno – a través de la Presidencia de la Cámara de Diputados, conducida por Martín Menem – dispuso que "los Diputados de la H. Cámara de la Nación que finalicen su mandato o cesen en sus funciones por cualquier motivo deberán restituir la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y el equipamiento electrónico e informático que les hubieren sido asignados o entregados en su carácter de legisladores". En este escenario, la última dieta solo serán asignada "una vez producida la devolución de los espacios físicos".
La medida – formalizada el 14 de noviembre – responde a la pronta renovación parlamentaria que ocurrirá en ambas Cámaras del Congreso el próximo 10 de diciembre. En este escenario, quienes culminen su mandato deberán restituir los bienes y espacios asignados hasta el 9 de diciembre.
La medida del Gobierno se apoya en la obligación de rendir cuentas sobre la administración de los bienes públicos, un principio detallado en el artículo 1° de la Constitución Nacional y a su vez establecido en la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
"La falta de devolución de los bienes asignados afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en la gestión del patrimonio institucional", detalló el Gobierno en los considerandos de la normativa.
En ese escenario, en caso de que un legislador incumpliera con la devolución, el Gobierno afirmó que se "dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos, conforme a la valuación efectuada según lo establecido en el Título XII de la DSAD N.° 249/2025".
Por otro lado "en los casos en que el valor de los bienes no restituidos exceda el monto de la liquidación final y el legislador saliente no integre el valor diferencial correspondiente" la normativa instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara de Diputados a que "promueva las acciones judiciales pertinentes para el recupero de dichos bienes o de su valor equivalente".
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