Reforma Laboral: el proyecto redefine indemnizaciones y flexibiliza despidos
El Gobierno afina por estas horas el llamado a sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se firmará esta noche y que incluirá el paquete de reformas económicas, laborales y penales que Javier Milei quiere convertir en ley antes de fin de año. En ese temario, la reforma laboral aparece como una de las piezas más sensibles: es la que más tensiones despierta en sindicatos y en parte de la oposición, y la que el oficialismo considera clave para “modernizar” el mercado de trabajo.
El nuevo borrador que circuló en las últimas horas confirma que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en una transformación profunda del sistema de contratación, especialmente en lo referido a despidos e indemnizaciones.
El texto impulsa un esquema alternativo al régimen tradicional de indemnización por antigüedad: un fondo de cese laboral o seguro privado financiado por los empleadores. Ese fondo actuaría como reemplazo del pago por año trabajado, trasladando el resguardo económico del trabajador a un sistema acumulativo administrado por terceros.
La reconfiguración del despido también es significativa. El proyecto flexibiliza situaciones en las que el empleador podría extinguir el vínculo, como enfermedades prolongadas o la imposibilidad de reubicar al trabajador en tareas compatibles. En esos casos, la compensación económica queda atada a los parámetros del fondo de cese o a una fórmula reducida respecto del esquema actual. Además, se regula la figura de la reincorporación por vía judicial, aunque se habilita como alternativa el pago de una compensación final que evitaría la restitución del puesto.
Otro capítulo relevante es el de las licencias. El borrador mantiene el derecho a vacaciones pagas, pero habilita una mayor negociación individual para fijar fechas, fraccionamientos o compensaciones, siempre dentro de mínimos legales. La letra chica también incorpora los denominados “bancos de horas”, un mecanismo que permite sustituir horas extras pagas por tiempo libre acumulado, dando más flexibilidad a los empleadores para organizar la jornada.
En el Gobierno aseguran que estos cambios buscan reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones, pero en el mundo sindical la lectura es opuesta. Para las centrales obreras, el proyecto recorta derechos adquiridos, abarata el despido y precariza las condiciones de trabajo. De hecho, varios gremios ya anticipan medidas de fuerza si el articulado avanza tal como está.
La discusión legislativa se vuelve clave: el oficialismo necesita aliados para aprobar el proyecto en extraordinarias, pero también enfrenta gobernadores y bloques dialoguistas que piden garantías sobre el impacto del cambio en sus territorios. El fondo de cese y la flexibilización de causas de despido son los puntos más resistidos, y podrían sufrir redacciones alternativas en la negociación parlamentaria.
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