El Gobierno lanzó la licitación para concesionar Tecnópolis
El Gobierno avanzó formalmente con el proceso para concesionar Tecnópolis al sector privado, al autorizar el llamado a Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional para la concesión de uso y explotación comercial del predio ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 98/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, y habilita la concesión de un inmueble propiedad del Estado nacional, actualmente bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Según lo establecido en la norma, el contrato tendrá una duración de 300 meses (25 años), con posibilidad de una prórroga única de 12 meses, y abarcará un predio con una superficie total aproximada de 509.759,79 metros cuadrados, identificado catastralmente en distintas parcelas del distrito bonaerense.
El objeto de la concesión será el uso y explotación comercial del parque, con destino principal al desarrollo de actividades recreativas, de esparcimiento, ocio y recreación, permitiendo de manera complementaria propuestas deportivas no competitivas, acciones culturales, talleres, juegos, programas de integración comunitaria y actividades afines, siempre que resulten compatibles con esa finalidad.
El procedimiento licitatorio será llevado adelante por la AABE, en su carácter de órgano rector de la actividad inmobiliaria del Estado nacional, y se realizará de forma íntegramente electrónica a través del sistema COMPR.AR, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.
En el marco del proceso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, libre de tasas, gravámenes e impuestos, y determinó además un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal. Los valores fueron establecidos a precios de diciembre de 2025.
El pliego establece que el futuro concesionario deberá asumir la gestión del predio a partir del 1 de julio de 2026, respetando los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto del año en curso.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la medida apunta a dejar de financiar uno de los activos más deficitarios del Estado, promoviendo un modelo de administración público-privada que garantice el funcionamiento del parque, la inversión privada y el uso público del predio, sin generar nuevas erogaciones para las cuentas nacionales.
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