El Gobierno inició el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina
El Gobierno formalizó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal a cargo de la operación de las centrales nucleares del país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece la venta del 44% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado mantendrá el 51% y el control estratégico de la empresa.
La decisión se enmarca en el artículo 8° de la ley 27.742, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los términos de la ley 23.696. Este esquema impone que el Estado retenga la mayoría accionaria y el voto afirmativo en cuestiones clave, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales o la incorporación de socios que puedan tomar el control societario.
El Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, será el encargado de implementar el proceso, que deberá concretarse en un plazo máximo de 12 meses. Además, se creará un Programa de Propiedad Participada, mediante el cual el 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores de la empresa.
La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes y la documentación técnica, societaria y contractual necesaria para la licitación. También gestionará la valuación de las acciones de NASA, que será realizada por una entidad bancaria pública o, en su defecto, por organismos internacionales o privados ajenos al proceso de compra.
El procedimiento de venta se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la administración del Programa de Propiedad Participada junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Por último, la normativa -quelleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo- instruye a revisar el estatuto social de la compañía para adecuarlo a la incorporación de capital privado. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la reconfiguración del sector nuclear, habilitando la participación de inversores privados pero preservando la conducción estatal.
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